"El Notariado ha apoyado siempre las reformas que mejoran la protección de los consumidores"

Publicado: 28 de Mayo de 2015

"El Notariado ha apoyado siempre las propuestas y reformas que mejoran la protección de los consumidores", manifestó José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado, en la inauguración de la jornada de debate sobre La protección de los derechos de los consumidores, que tuvo lugar ayer en la sede de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, organizada por ambas entidades.

Pie de foto: José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado y Mar Pérez Merino, directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid

• Los ponentes señalaron las carencias del Registro de Condiciones Generales de Contratación
• Hace dos años, el Notariado creó el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas

Entre las principales iniciativas puestas en marcha por el Consejo General del Notariado para incrementar la seguridad jurídica de los usuarios, García Collantes destacó ‘la creación en 2013 del Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA)”.

Por su parte, Mar Pérez Merino, directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, señaló que “la trasposición de la Directiva 83/2011 de la Unión Europea ha conseguido que se regule de forma más clara la protección al consumidor”. En su opinión, “contar con un ordenamiento europeo aporta mayor seguridad jurídica”. Pérez destacó que desde las comunidades autónomas se realiza un gran esfuerzo en pro de los derechos de los ciudadanos. “En Madrid hemos modificado normativas antes de que lo hiciera la legislación estatal, por ejemplo, en materia de cláusulas abusivas, para que cuando desde la Dirección General de Consumo se inicien expedientes sancionadores no haya fisuras jurídicas en los procesos contenciosos”, aseguró.

El director de las jornadas Lorenzo Prats –catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona- recordó que desde que se celebraron hace un año las primeras jornadas conjuntas entre la Dirección General de Consumo de la CC.AA. de Madrid y el Notariado, “se ha recorrido bastante camino en la protección de los derechos de consumidores”.

Cláusulas suelo

Tras la inauguración, tuvieron lugar las intervenciones de Ana Álvarez de Yraola y Raquel Blázquez, magistradas jueces de Primera Instancia de Madrid, y de Gregorio de la Morena, presidente de la Comisión de Consumo del Colegio de Abogados de la capital.

Álvarez se centró en las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, apuntando que “se ha avanzado mucho porque el consumidor cada vez es más beligerante; y debe seguir así”. La magistrada recordó que “es el Tribunal de Justicia Europeo el que sienta las jurisprudencia sobre consumo”, y que dicho tribunal ha dejado claro que “si el juez español considera que una cláusula es abusiva, está será nula y el banco no podrá recalcularla”.

Por su parte, Blázquez abundó en la casuística de las conocidas como ‘clausulas suelo’, que podrían haber afectado a más de cuatro millones de hipotecas, según las organizaciones de consumidores. La magistrada analizó las diferentes sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia que clarifican “diferentes aspectos de las cláusulas suelo, diseñando un control de transparencia”.

Sobre las cláusulas suelo, el abogado de la Morena, manifestó que ‘vinieron a sustituir a las de redondeo, que ya fueron declaradas nulas en su momento. Algunas entidades tenían informes donde se discutía su legalidad y no las incluyeron en sus contratos. En su opinión “ha habido cierta impunidad en las conductas de determinadas entidades financieras, por ejemplo en la concesión de créditos por encima del tanto por ciento determinado por la Ley del Mercado Hipotecario; o en las prácticas de algunas sociedades de tasación”.

El Registro de Condiciones Generales de Contrataciones

En el segundo panel de expertos participaron Juan Arturo Moreno, subdirector general de Inspección y Control de Mercado de la dirección general de Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid; el notario Javier Martínez del Moral; el registrador de Bienes Muebles Central, Antonio Fernández-Golfín, y el presidente de ADICAE, Manuel Pardos. Todos ellos coincidieron en señalar el mal funcionamiento del Registro de Condiciones Generales de Contratación, en el que han de estar inscritas las sentencias firmes que declaran una cláusula abusiva para que los notarios puedan exigir retirarlas de una escritura.

Juan Arturo Moreno puso en valor la importante actuación que llevan a cabo las áreas de consumo autonómicas, ya que es el primer lugar al que suelen acudir los consumidores. El subdirector planteó que ‘la información que tenemos en nuestra Dirección General sobre prácticas abusivas, y que está registrada, debería hacerse pública. Sin embargo, el Registro de Condiciones Generales de Contratación no permite su inscripción, ya que es potestativa, a pesar de que el juez haya establecido su abusividad. Desde Consumo hemos instado para que la inscripción sea obligatoria”.

La iniciativa de Moreno fue bien acogida por otros ponentes. Así Manuel Pardos, se comprometió a intentar incorporar a este Registro las sentencias sobre consumo de los procesos en los que su asociación ADICAE interviene como parte.

El notario Martínez del Moral incidió en que dicho registro debería ser gratuito e insistió en su deficitario funcionamiento, que hace imposible que los notarios puedan conocer las sentencias firmes que declaran abusiva una cláusula y que supuestamente están inscritas en él. Del Moral recordó la importancia de que “los consumidores defiendan su derecho a elegir notario”, dado que este tiene que “tratar de prevenir el litigio, velando por la parte más débil”.

Por último, el registrador Fernández-Golfín recordó que el Registro General de Condiciones Generales, que llevan los registradores mercantiles y de la propiedad, “es voluntario, en él que solo los predisponentes pueden solicitar la inscripción, con un buscador que no busca por conceptos”. Fernández Golfín señaló que puede haber en él unas 70.000 condiciones depositadas, pero de muy difícil consulta, y tan sólo 18 sentencias judiciales, “a pesar de que entró en vigor en 1998, hace 25 años, por lo que, en su opinión, “quizá habría que plantearse suprimirlo”.